El presidente Donald Trump revocó esta semana una orden ejecutiva destinada a prohibir la discriminación por parte de contratistas y subcontratistas federales como parte de su amplio esfuerzo por acabar con los programas federales de diversidad (DEI, por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca dijo en un memorando el miércoles que la orden firmada un día antes "protege los derechos civiles de todos los estadounidenses y amplía las oportunidades individuales al poner fin a la preferencia radical por los DEI en las contrataciones federales y ordenar a las agencias federales que combatan implacablemente la discriminación en el sector privado".
La orden revocada exigía "acción afirmativa" y prohibía a los contratistas federales "discriminar por motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género u origen nacional", según un resumen del Departamento del Trabajo. Fue firmada por el presidente Lyndon B. Johnson, demócrata, e inicialmente cubría a los empleados del gobierno, pero luego se limitó a los contratistas.
La orden de Trump del martes también revocó las medidas ejecutivas de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama que buscaban promover aún más la diversidad y la inclusión en las contrataciones en todo el gobierno federal.
Trump indicó en su orden que las iniciativas en favor de la diversidad "violan el texto y el espíritu de nuestras antiguas leyes federales de derechos civiles" y "socavan nuestra unidad nacional, ya que niegan, desacreditan y socavan los valores estadounidenses tradicionales de trabajo duro, excelencia y logros individuales en favor de un sistema de botín ilegal, corrosivo y pernicioso basado en la identidad".
El memorando de la Casa Blanca describió la orden de Trump como "la medida federal de derechos civiles más importante en décadas".
"Pone fin a la discriminación por 'diversidad, equidad e inclusión' (DEI) en la fuerza laboral federal y en la contratación y el gasto federales", decía el memorando.
Si bien la orden se centra en el nivel federal, también tiene implicaciones para el sector privado. Exige que el fiscal general de Estados Unidos trabaje con otras agencias y presente un informe antes de mayo "que contenga recomendaciones para hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles y tomar otras medidas apropiadas para alentar al sector privado a poner fin a la discriminación y las preferencias ilegales, incluidos los DEI".
El informe debe centrarse en los "profesionales de los DEI más atroces y discriminatorios en cada sector en cuestión", dice la orden, y debe incluir un "plan de aplicación estratégico", incluida la posibilidad de litigios por derechos civiles.
"Como parte de este plan, cada agencia identificará hasta nueve posibles investigaciones de cumplimiento civil de corporaciones que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro, fundaciones con activos de $500 millones o más, asociaciones médicas y de abogados estatales y locales e instituciones de educación superior con dotaciones superiores a $1,000 millones", indica la orden.
El memorando sugiere que el esfuerzo se centrará en las corporaciones y las universidades.
"En el sector privado, muchas corporaciones y universidades utilizan los DEI como excusa para prácticas de empleo sesgadas e ilegales y preferencias de admisión ilegales, ignorando el hecho de que la retórica y las ideas fundacionales de los DEI fomentan la hostilidad y el autoritarismo entre grupos", agrega el memorando.
En otra orden ejecutiva del lunes, Trump ordenó el fin de los programas DEI dentro del gobierno. El martes, su administración ordenó que todos los empleados federales de los DEI en funciones sean puestos en licencia paga a partir del miércoles.
Un memorando de la Oficina de Gestión de Personal solicitó a las agencias federales que presentaran un plan escrito para despedir a los empleados de los DEI en funciones antes del 31 de enero.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, un sindicato que representa a cientos de miles de trabajadores federales, dijo el martes que "el gobierno federal ya contrata y promueve exclusivamente sobre la base del mérito".
Calificó la acción de Trump como una "cortina de humo para despedir a los funcionarios públicos, socavar el servicio civil apolítico y convertir al gobierno federal en un ejército de aduladores leales sólo al presidente, no a la Constitución".
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Kelley.
