ACLU informó que la demanda alega que APD y BCSO violaron los derechos constitucionales de los miembros de la familia durante sus intentos de ejecutar una orden de arresto para un individuo que ni siquiera residía en el hogar.
ALBUQUERQUE - La división de Nuevo México de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó que estará representando a una familia que en 2022 perdió su hogar a consecuencia de un incendio provocado por un operativo SWAT de la Policía de Albuquerque y la Oficina del Alguacil del condado Bernalillo, donde también murió un adolescente de 15 años.
De acuerdo con ACLU, la familia Coleman presentó la denuncia contra el Departamento de Policía de Albuquerque (APD por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alguacil del condado Bernalillo (BCSO, por sus siglas en inglés), el miércoles. La familia está siendo representada por ACLU y Atkins & Walker Law.
El incidente ocurrió el 6 de julio de 2022 en la noche, cuando una unidad SWAT llegó a la cuadra 8100 del suroeste de la avenida San Joaquín en busca de Qiaunt Kelley, acusado de violar su libertad condicional. Los oficiales también querían interrogarlo en relación con una investigación de homicidio y un tiroteo.
No obstante, Kelley se atrincheró dentro de su casa con el adolescente de 15 años, Brett Rosenau, y los oficiales, en un intento de hacerlo salir, lanzaron municiones químicas. Una hora después, la casa estaba ardiendo en llamas, Kelley se entregó y fue llevado al hospital. Mientras que, según las autoridades, Rosenau murió en el incendio por inhalar humo.
El incendio dejó a la familia Coleman sin hogar, destruyó pertenencias preciadas y mató a su perro, según ACLU.
“Estábamos desconsolados porque un niño murió en la casa para la que mi madre trabajó tan duro. Desde que nuestra casa se quemó en julio de 2022, nuestra familia ha tenido dificultades. Al principio, nos quedábamos en moteles, pero no puedo permitirme pagar los moteles ni la hipoteca de nuestra casa incendiada. Ahora nos quedaremos en mi auto”, declaró Sundra Coleman, demandante en el caso.
La demanda presentada en nombre de la abuela, Sundra Coleman, su hija, Da-Janay Banks, la hija de Da-Janay, A.H., y la tía, Elizabeth Fields, viene detrás de una demanda presentada por la familia de Brett Rosenau.
ACLU informó que la demanda alega que APD y BCSO violaron los derechos constitucionales de los miembros de la familia durante sus intentos de ejecutar una orden de arresto para un individuo que ni siquiera residía en el hogar.
“Durante la operación SWAT, los oficiales apuntaron con armas a Sundra, Da-Janay y al bebé A.H. Los oficiales también esposaron a Sundra y Da-Janay sin causa probable, obligándolos a permanecer de pie y observar cómo los oficiales destruyeban su casa, una casa que Sundra heredó de su madre”, informó ACLU en un comunicado.
En diciembre 2022, el antiguo fiscal general de Nuevo México, Hector Balderas, emitió un comunicado anunciando los resultados de la investigación sobre la trágica muerte del adolescente, en el que argumentó que “las tácticas menos letales para detener al sospechoso antes, habrían mitigado los riesgos mortales”.
“Esta tragedia se podía prevenir. Una demanda no puede recuperar el hogar de la familia Coleman, las fotografías y reliquias familiares de la familia, las ollas y sartenes con las que cocinaba la madre de Sundra, su querida mascota o la bandera que el gobierno de los Estados Unidos presentó a Sundra cuando murió su hijo, un veterano”, manifestó María Martínez Sánchez, directora legal de la ACLU de Nuevo México.
