ALBUQUERQUE — Autoridades locales informaron que más de 150 casos que alegaban que automovilistas conducían en estado de ebriedad fueron desestimados como parte de una investigación federal de corrupción pública.
La investigación del FBI llevó a la Oficina del Fiscal del Segundo Distrito Judicial en Albuquerque a desestimar 152 casos de delitos menores de DWI o cargos por manejar intoxicado hasta el viernes por la mañana, declaró la oficina del fiscal de distrito.
No obstante, estos casos podrían volver a presentarse.
“Hicimos esto en deferencia a una investigación federal en curso”, dijo Nancy Laflin, portavoz de la oficina.
La semana pasada se entregaron órdenes de registro en varios lugares, incluidas las casas de al menos tres agentes de policía de Albuquerque, informó el Albuquerque Journal. Nadie ha sido arrestado ni acusado en la investigación hasta finales de la semana pasada.
Tres agentes de policía de Albuquerque en conjunto presentaron 136 de los 152 casos de DWI, según registros judiciales. Al menos 107 de ellos se presentaron el año pasado, lo que representa el 10% de esos casos para el Departamento de Policía de Albuquerque, según los registros.
Algunos agentes fueron puestos en licencia administrativa estándar y otros fueron reasignados, dijo el portavoz de la policía de Albuquerque, Gilbert Gallegos, quien añadió el lunes que “nada ha cambiado” respecto al estatus de los agentes.
Las consecuencias también llevaron a la renuncia de un destacado abogado defensor, Thomas Clear III, como presidente de las Oficinas Legales de la Comisión de Defensor Público de Nuevo México. El panel de 11 miembros opera como una agencia independiente. Clear se desempeñó como presidente desde agosto de 2017.
Tessa DuBerry, portavoz de la Fiscalía Federal en Nuevo México, confirmó que la actividad policial federal se llevó a cabo en la oficina de Clear “con la total cooperación del Departamento de Policía de Albuquerque”. Ella rechazó hacer más comentarios, informó el Albuquerque Journal.
El fiscal de distrito Sam Bregman calificó los despidos como “un puñetazo en el estómago”.
“Me siento mal por desestimar más de 150 casos de DWI, pero mi ética procesal requiere que los desestime”, dijo en un comunicado.
