SANTA FE, Nuevo México — Las órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump promulgó el día de su toma de posesión y las promesas de deportaciones masivas de “millones y millones” de personas dependerán de la obtención de fondos para los centros de detención.
El gobierno de Trump no ha dicho públicamente cuántas camas de detención de inmigrantes necesita para lograr sus objetivos, ni cuál será el costo.
Sin embargo, se estima que 11.7 millones de personas viven en Estados Unidos sin documentos migratorios, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas actualmente tiene el presupuesto para detener a sólo unas 41,000 personas.
El gobierno necesitaría espacio adicional para retener a las personas mientras son procesadas y se hacen los arreglos para expulsarlas, a veces en avión. El Departamento de Seguridad Nacional estima que el costo diario de una cama para un adulto es de unos $165.
Según un memorando reciente del DHS, sólo una parte del plan de Trump, un proyecto de ley conocido como la Ley Laken Riley que el Congreso aprobó, requeriría al menos $26,900 millones para aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes y añadir 110,000 camas.
Ese proyecto de ley —que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia cuyo asesinato a manos de un venezolano el año pasado se convirtió en un grito de guerra para la campaña de Trump a la Casa Blanca— amplía los requisitos para que las autoridades de inmigración detengan a cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente y que esté acusada de robo y delitos violentos.
Trump también está desplegando tropas para tratar de detener toda entrada ilegal en la frontera sur de Estados Unidos. Activó la Ley de Enemigos Extranjeros para combatir a los cárteles. La ley de 1798, que rara vez se utiliza, permite al presidente deportar a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense y que sea de un país con el que haya una “guerra declarada” o una amenaza o intento de “invasión o incursión depredadora”.
La infraestructura de detención también se verá sobrecargada por la prohibición de Trump de una práctica conocida como “captura y liberación” que permite a algunos inmigrantes vivir en Estados Unidos mientras esperan los procedimientos de la corte de inmigración, en favor de la detención y deportación.
Actualmente, el ICE detiene a los inmigrantes en sus centros de procesamiento y en centros de detención operados por privados, junto con prisiones y cárceles locales bajo contratos que pueden involucrar a los gobiernos estatales y municipales.
No tiene instalaciones destinadas a la detención de familias inmigrantes, que representan aproximadamente un tercio de las llegadas a la frontera sur de Estados Unidos.
“Hay una limitación en la cantidad de camas disponibles para el ICE”, dijo John Sandweg, quien fue director interino del ICE durante la presidencia de Barack Obama.
“Solo hay un número limitado de cárceles locales con las que se contrata, proveedores privados que tienen camas disponibles. Y si la administración quiere hacer un aumento importante en la capacidad de detención, eso requerirá la construcción de algunas instalaciones nuevas”.
La declaración de emergencia nacional por parte de Trump en la frontera de Estados Unidos con México aprovecha al ejército estadounidense para apuntalar las deportaciones masivas y proporcionar “espacios de detención adecuados”. El Pentágono también podría proporcionar apoyo de transporte aéreo al DHS.
Los inversores privados apuestan a un auge de la construcción, lo que hará subir los precios de las acciones de los dos principales proveedores de detención de inmigrantes: GEO Group, con sede en Florida, y CoreCivic, con sede en Tennessee.
Una maniobra presupuestaria de vía rápida en el Congreso llamada “reconciliación” podría proporcionar más fondos para la detención tan pronto como en abril. Al mismo tiempo, el comisionado de tierras del estado de Texas ha ofrecido al gobierno federal una parcela de tierras rurales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para instalaciones de deportación.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles estima que el ICE está considerando una expansión del espacio de detención de inmigrantes en al menos ocho estados, en lugares que van desde Leavenworth, Kansas, hasta las afueras de las principales poblaciones inmigrantes en la ciudad de Nueva York y San Francisco, dijo Eunice Cho, abogada principal del grupo y su Proyecto Nacional de Prisiones.
La ACLU presentó una demanda para acceder a la correspondencia de los proveedores de detención privados después de que el ICE solicitara comentarios el año pasado sobre una posible expansión.
Los correos electrónicos relacionados de los proveedores de detención sugieren la posible redistribución de una instalación de tiendas de campaña en Carrizo Springs, Texas, anteriormente utilizada para detener a niños inmigrantes, y el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, uno de los dos principales centros de detención de familias inmigrantes que la administración Biden eliminó gradualmente en 2021.
“Bajo el gobierno de Trump, Seguridad Nacional trabajará para tratar de detener a todos los que pueda y también expandir su capacidad de detención mucho más allá de lo que está disponible actualmente en los Estados Unidos en este momento”, dijo Cho.
Cho agregó que, en última instancia, el Congreso tiene el control de la infraestructura de detención de inmigrantes, y que la participación del Pentágono bajo el edicto de emergencia de Trump, justifica un debate.
“¿Cómo resta esto valor a la preparación de nuestro propio ejército?”, dijo. “¿Tiene el ejército realmente la capacidad de proporcionar instalaciones adecuadas para la detención de inmigrantes?”
Los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten contra un estado policial hipermilitarizado.
Esto podría ampliar enormemente el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo.
Los centros de detención de inmigrantes supervisados por el ICE han tenido dificultades para cumplir con algunas normas federales de atención, lo que obstaculiza la seguridad del personal y los detenidos, según descubrió un inspector general del Departamento de Seguridad Nacional durante 17 inspecciones no anunciadas entre 2020 y 2023.
Durante el primer mandado de Trump, se autorizó el uso de bases militares para detener a niños inmigrantes, incluidas las instalaciones del ejército en Fort Bliss, Texas, y la base aérea Goodfellow.
En 2014, Obama dependió temporalmente de bases militares para detener a niños inmigrantes mientras aumentaba los centros de detención familiar operados de forma privada para albergar a muchas de las decenas de miles de familias centroamericanas atrapadas cruzando la frontera ilegalmente.
Las bases militares estadounidenses se han utilizado repetidamente desde la década de 1970 para acomodar el reasentamiento de oleadas de inmigrantes que huyen de Vietnam, Cuba, Haití, Kosovo y Afganistán.
