ALBUQUERQUE — A algunos residentes de Nuevo México con condenas por delitos graves se les ha negado injustamente el acceso a las urnas, a pesar de que los legisladores estatales les restauraron el derecho al voto el año pasado, según una demanda.
Una ley que entró en vigor en julio de 2023 restauró el derecho al voto a unas 11,000 personas en Nuevo México que habían cumplido condena por delitos graves. Permite a las personas votar después de ser puestas en libertad, incluidas aquellas que están en libertad condicional.
Pero una demanda presentada la semana pasada en Santa Fe por Millions For Prisoners, un grupo que aboga por las personas que están encarceladas o lo estuvieron, afirma que algunos solicitantes que buscan recuperar sus derechos al voto han recibido cartas de rechazo de los secretarios del condado basándose en información inexacta o desactualizada de la Oficina de la Secretaria de Estado y del Departamento de Correcciones de Nuevo México, informó el Albuquerque Journal. Nombra como acusados a la secretaria de estado Maggie Toulouse Oliver y al departamento de correcciones.
Alex Curtas, portavoz de Toulouse Oliver, dijo en una declaración al periódico que la Oficina de la Secretaria de Estado está comprometida a garantizar el acceso a las papeletas a todos los votantes elegibles y que, hasta el mes pasado, cientos de personas se habían registrado con éxito para votar desde que salieron de prisión.
Un portavoz del Departamento de Prisiones se negó a hacer comentarios sobre el litigio pendiente.
La demanda también acusa a Toulouse Oliver y al menos a un secretario del condado de crear una barrera adicional al acceso a la votación al exigir el registro en persona para aquellos a quienes se les negó el registro.
“Sin duda, si una persona ya no está encarcelada y se presenta en persona en la Oficina del Secretario del Condado, en un lugar de votación, en ciertas agencias estatales o en la división de vehículos motorizados, ahora se presume legalmente que esa persona cumple con el requisito de no estar encarcelada y puede registrarse para votar”, dijo Curtas en una declaración al periódico.
La demanda busca una orden judicial que prohíba a los funcionarios electorales hacer cumplir el requisito de registro en persona para los votantes con condenas por delitos graves. También quiere que Toulouse Oliver ordene a todos los secretarios del condado del estado que procesen los formularios de registro de votantes que han sido rechazados desde el 1 de julio de 2023, cuando entró en vigor la ley.
