SANTA FE- El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó este lunes una orden judicial extraordinaria en la Corte Suprema de Nuevo México contra el condado Roosevelt, el condado Lea y las ciudades de Hobbs y Clovis por aprobar ilegalmente ordenanzas que restringen el acceso a la salud reproductiva en sus comunidades.
La solicitud del Fiscal General para detener la violación de los derechos de las mujeres se produce un día después de lo que habría sido el 50 aniversario de Roe v. Wade.
A través de esta orden judicial, el fiscal general busca anular las ordenanzas, que, según él, sobrepasan la autoridad del gobierno local para regular el acceso a la atención médica y violan las garantías de igualdad de protección y debido proceso de la Constitución de Nuevo México.
“Esto no es Texas. Nuestra Constitución estatal no permite que las ciudades, condados o ciudadanos particulares restrinjan los derechos reproductivos de las mujeres. La acción de hoy envía un fuerte mensaje de que mi oficina utilizará todas las herramientas disponibles para defender de manera rápida y decisiva las libertades individuales contra la extralimitación inconstitucional”, manifestó Torrez en un comunicado.
En 2021, la Legislatura liderada por los demócratas aprobó una medida para derogar un estatuto inactivo de 1969 que prohibía la mayoría de los procedimientos de aborto. Por su parte, la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, dijo que quiere ver una legislación que codifique el derecho al aborto en todo el estado, luego de la decisión de la Corte Suprema de EEUU el año pasado que anuló Roe v. Wade.
A consecuencia, en la sesión legislativa en curso, los legisladores ya propusieron medidas que prohibirían a los gobiernos locales imponer restricciones al acceso al aborto, y exhortaron a implementar protecciones para médicos y pacientes.
Mientras que, en noviembre, la comisión de la ciudad de Hobbs, compuesta exclusivamente por hombres, votó a favor de adoptar una ordenanza diseñada para impedir que las clínicas de aborto operen en esa comunidad.
De igual manera, una ordenanza de Clovis, aprobada a principios de enero, también busca evitar que se abran nuevas clínicas. Esta ordenanza se enfrenta a un desafío de petición, pero el alcalde Mike Morris dijo que cree que los votantes allí votarían abrumadoramente para mantener la ordenanza si estuviera en la boleta electoral.
Días después, el condado de Roosevelt siguió con su propia ordenanza que prohibía el funcionamiento de las clínicas, restringía la entrega de suministros y medicamentos relacionados con el aborto y otorgaba a los ciudadanos privados el poder de demandar a cualquier persona que sospechara que violó la ordenanza.
Torrez declaró que espera que su petición a la Corte Suprema inspire una respuesta rápida dentro de semanas o meses, evitando el proceso potencialmente largo de presentar una demanda civil.
