ALBUQUERQUE, Nuevo México — Era una fría mañana de invierno cuando las autoridades encontraron muerto a un nativo americano en un remoto camino de grava en el oeste de Nuevo México. Estaba acostado de lado, con un solo calcetín puesto, sin ropa y con los zapatos tirados en la nieve.
Había rastros de sangre en ambos lados de su cuerpo y parecía que le habían golpeado en la cabeza.
Los investigadores siguieron los pasos del hombre y recopilaron imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraban caminando cerca de una tienda de conveniencia a kilómetros de distancia en Gallup, un centro económico en una zona rural que limita, por un lado con la Nación Navajo y el Pueblo Zuni por el otro.
Los registros judiciales revelaron que las imágenes y los registros del teléfono celular mostraban que la víctima, un hombre navajo identificado solo como John Doe, estaba “en curso de colisión” con el hombre que finalmente sería acusado de matarlo.
Un gran jurado acusó formalmente a un hombre de Zuni Pueblo de asesinato en segundo grado por la muerte del 18 de enero, y los fiscales dicen que es probable que se presenten más cargos, ya que el acusado también es el principal sospechoso de una serie de crímenes contra hombres nativos americanos en Gallup, Zuni y Albuquerque. Los investigadores encontraron varias carteras, teléfonos celulares y ropa de otros hombres al registrar su vehículo y dos residencias.
Mientras la gente se reunía el domingo en todo el país para destacar el preocupante número de desapariciones y asesinatos en territorio indio, las autoridades argumentaron que el caso de Nuevo México representa el tipo de trabajo al que aspiraba el Departamento de Justicia de Estados Unidos al establecer su programa de extensión para personas indígenas desaparecidas y asesinadas el verano pasado.
A nivel nacional se ha encargado a equipos especiales de fiscales y coordinadores adjuntos de Estados Unidos para que se centren en los casos de los Indios Desaparecidos y/o Asesinados (MMIP, por sus siglas en inglés). Su objetivo: mejorar la comunicación y la coordinación entre las jurisdicciones federales, tribales, estatales y locales con la esperanza de cerrar las brechas que han hecho que la resolución de delitos violentos en el territorio indio sea un desafío generacional.
Algunos de los nuevos fiscales federales participaron en los eventos del Día de Concientización sobre el MMIP. Desde el capitolio del estado de Arizona hasta un centro cultural en Albuquerque y Qualla Boundary en Carolina del Norte, se planificaron marchas, simposios, exposiciones de arte y vigilias con velas para el 5 de mayo, cumpleaños de Hanna Harris, quien solo tenía 21 años cuando fue asesinada en la Reserva India Cheyenne del Norte en Montana en 2013.
Fue un día emotivo en Albuquerque, donde familiares y defensores participaron en una caminata de oración.
Corearon: “¿Qué queremos? ¡Respuestas! ¿Qué queremos? ¡Justicia!”. Hubo lágrimas y largos abrazos mientras compartían sus historias y frustraciones. Hablaban de sentirse olvidados y de la falta de recursos en las comunidades nativas.
Geraldine Toya de Jemez Pueblo marchó con otros miembros de su familia para crear conciencia sobre la muerte de su hija Shawna Toya en 2021. Dijo que ella y su esposo son artistas que hacen cerámica y nunca soñaron que terminarían siendo investigadores en un esfuerzo por determinar qué le pasó a su hija.
“Nuestro viaje ha sido difícil, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer que este viaje sea exitoso para toda nuestra gente que está aquí en lo mismo, por lo que estamos luchando ahora”, dijo, prometiendo apoyar a otras familias a través de su angustia mientras buscan justicia.
Asimismo, por su parte, el fiscal federal adjunto Eliot Neal supervisa los casos de MMIP para una región que abarca Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah y Nevada.
Tener agencias policiales y abogados hablando entre sí puede ayudar a evitar otros delitos que a menudo son precursores de violencia mortal. Las otras piezas del rompecabezas son construir relaciones con las comunidades nativas americanas y hacer que el sistema de justicia sea más accesible al público, dijo Neal.
Parte del trabajo de Neal incluye la revisión de casos antiguos: un trabajo que requiere mucho tiempo y que puede implicar localizar a testigos y volver a presentar pruebas para su análisis.
“Estamos tratando de cambiar un poco ese guion y darle a esos casos el tiempo y la atención que merecen”, dijo, y agregó que comunicarse con los familiares sobre el proceso es un componente crítico para los abogados y coordinadores del MMIP.
Durante el año pasado, el Departamento de Justicia también otorgó $268 millones en subvenciones a sistemas de justicia tribales para manejar casos de abuso infantil, combatir la violencia doméstica y sexual y reforzar los servicios a las víctimas.
La fiscal federal adjunta Bree Black Horse estaba vestida de rojo cuando prestó juramento el jueves durante una ceremonia en Yakima, Washington. El color es sinónimo de crear conciencia sobre el número desproporcionado de pueblos indígenas que han sido víctimas de la violencia.
Ella procesa casos de MMIP en una región de cinco estados a lo largo de California y el noroeste del Pacífico hasta Montana. Su carga de casos es de dos dígitos y está trabajando con grupos de defensa para identificar más casos sin resolver y abrir líneas de comunicación con las autoridades.
Black Horse, miembro inscrito de la Nación Seminole de Oklahoma y abogada durante más de una década, dijo que tener 10 abogados asistentes y coordinadores estadounidenses centrados únicamente en casos MMIP no tiene precedentes.
“Este es un tema que ha afectado no solo a mi comunidad, sino también a mis amigos y mi familia”, dijo. “Veo esto como una manera de ayudar a garantizar que nuestras generaciones futuras, nuestros jóvenes, no experimenten este mismo tipo de disparidades y este mismo tipo de trauma”.
En Nuevo México, Alex Uballez, fiscal federal para el Distrito de Nuevo México, reconoció que el gobierno federal actúa lentamente y le dio crédito a las comunidades tribales por alzar sus voces, apareciendo constantemente para protestar y presionando a los políticos para mejorar la seguridad pública en las comunidades tribales.
Aun así, él y Neal dijeron que será necesario un cambio de paradigma para deshacer la percepción pública de que no se está haciendo nada.
El hombre acusado en el caso de Nuevo México, Labar Tsethlikai, compareció ante el tribunal el miércoles y se declaró no culpable, mientras estaba encadenado junto a su defensor público. Un defensor de víctimas de la oficina de Uballez también estaba allí, sentado con los familiares de las víctimas.
El abogado de Tsethlikai argumentó que aún no se habían presentado pruebas que vincularan a su cliente con los presuntos delitos detallados en los documentos judiciales. El fiscal federal adjunto Matthew McGinley argumentó que ninguna condición de liberación mantendría segura a la comunidad, señalando datos de teléfonos celulares y evidencia de ADN que supuestamente mostraban que Tsethlikai se había aprovechado de personas sin hogar o que necesitaban alcohol para poder satisfacer sus deseos sexuales.
Tsethlikai permanecerá bajo custodia en espera de juicio mientras las autoridades continúan la investigación. Los documentos judiciales enumeran al menos otras 10 víctimas junto con cinco víctimas potenciales recientemente identificadas. McGinley dijo que los fiscales querían centrarse en algunos de los casos “para sacarlo de la calle" y evitar más violencia.
