SANTA FE - El fiscal general de Nuevo México, Raul Torrez, anunció la publicación de una guía para líderes comunitarios en Nuevo México, en respuesta a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que elimina las protecciones federales para lugares sensibles como escuelas, iglesias, hospitales y juzgados, para mantener estos lugares accesibles para la comunidad migrante.
“Nuestra prioridad es proteger a las familias de Nuevo México, especialmente a los niños, de las políticas que generan miedo y desestabilizan a las comunidades”, declaró Torrez, en un comunicado.
Se informó que la guía tiene como objetivo reducir el impacto de las acciones de control migratorio en las personas que necesitan acceder a servicios esenciales. Los documentos proporcionan estrategias prácticas para minimizar las interrupciones mientras se asegura el cumplimiento de las leyes estatales y federales.
También se habla en el documento sobre qué hacer en cuanto a “la amenaza ilegal de la Administración Trump de un procesamiento federal para obligar a los funcionarios estatales y locales a utilizar sus recursos limitados para la aplicación de la ley de inmigración”.
“Como ex fiscal federal que manejó cientos de casos relacionados con la inmigración, sé que esto no solo es una distorsión de nuestras leyes, sino también un vergonzoso alejamiento de las orgullosas tradiciones de una agencia que se supone está dedicada al avance de la justicia”, argumentó Torrez.
Los puntos claves del documento incluyen:
- Protecciones judiciales
- Se describen los derechos de las personas en virtud de la Cuarta Enmienda.
- Se explica la diferencia entre órdenes judiciales y administrativas.
- Se aclaran los protocolos para gestionar las actividades de cumplimiento de la ley de inmigración en áreas públicas y no públicas de las instalaciones judiciales.
- Seguridad comunitaria
- Se aborda el impacto de las acciones de cumplimiento en las víctimas de delitos, incluidas las sobrevivientes de violencia doméstica, y se destacan las protecciones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.
- Colaboración con los líderes comunitarios
- Se alienta a las escuelas, los proveedores de atención médica y los lugares de culto a desarrollar políticas que equilibren el cumplimiento legal con la necesidad de mantener entornos seguros y acogedores.
“Estamos comprometidos a defender el estado de la ley y garantizar la seguridad pública, pero también debemos salvaguardar la capacidad de las familias y los niños de acceder a la educación, la atención médica y la justicia sin temor a la persecución”, aseguró Torrez.
Para acceder a la guía completa, haz clic aquí.
