SANTA FE — Los demócratas de la mayoría legislativa estatal se resistieron el jueves a los llamados de la gobernadora de Nuevo México para que se tomen medidas inmediatas para abordar la “peligrosa intersección” de la delincuencia y la falta de vivienda, rechazando sus propuestas para mejorar las sanciones penales, restringir la mendicidad y ampliar la detención involuntaria y el tratamiento de problemas de salud mental.
En cambio, la Legislatura envió a la gobernadora un proyecto de ley que amplía los programas piloto para el tratamiento voluntario de personas con trastornos mentales graves y problemas de adicción, junto con un paquete de ayuda de emergencia en respuesta a los devastadores incendios forestales que arrasaron una aldea en el sur de Nuevo México en junio.
“Tenemos la responsabilidad absoluta de hacer algo con aquellas personas que están en el tiovivo de nuestro sistema judicial. Pero la respuesta no es decir que deberíamos empezar a encarcelarlos. La respuesta es decir que deberíamos empezar a prestar servicios”, manifestó Gerald Ortiz y Pino, senador estatal demócrata de Albuquerque, durante la reunión de la Legislatura.
El proyecto de ley obtuvo la aprobación legislativa final con una votación de 30 a 0 en el Senado, que aplazó la sesión especial a pesar de las objeciones de los legisladores republicanos que encontraron una causa común con la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, demócrata durante dos mandatos.
La gobernadora acusó a los legisladores demócratas de “no tener ningún interés en hacer que Nuevo México sea más seguro”.
“No se consideró ninguna medida de seguridad pública”, declaró Lujan Grisham en un comunicado. “Ninguno, a pesar de que los proyectos de ley cuentan con el respaldo de los jefes de policía, los sindicatos de seguridad pública, los alcaldes y los fiscales”.
Correspondió a los republicanos de la minoría legislativa presentar iniciativas de la gobernadora que proporcionarían sentencias mínimas más largas para los delincuentes armados, combatirían el tráfico de fentanilo, restringirían el merodear en las medianas de las carreteras estrechas y apuntarían al crimen organizado mediante la modificación de los estatutos sobre el crimen organizado. Esos proyectos de ley de los senadores estatales fueron remitidos a comités que nunca se reunieron.
“Nos embarcamos en esta sesión especial por una razón… era el crimen, al frente y al centro”, expresó Greg Baca, senador estatal republicano de Belén. “Tuvimos una oportunidad aquí y quiero agradecer a la gobernadora. ¿Por qué no aprovecharíamos la oportunidad para dar un paso?”
Los legisladores demócratas dijeron que compartían el sentido de urgencia de la gobernadora, pero también están esperando la investigación y las recomendaciones de una comisión en curso de la Corte Suprema estatal sobre salud mental y competencia.
“Lo que no necesitamos son proyectos de ley malos que se aprueban apresuradamente y luego nos enfrentamos a consecuencias no deseadas”, argumentó Javier Martínez, presidente demócrata de la Cámara estatal.
El líder de la mayoría del Senado, Peter Wirth, de Santa Fe, reconoció una brecha entre los legisladores demócratas y la gobernadora. Pero la instó a apoyar una asignación de $3 millones para programas de tratamiento voluntario para personas con trastornos mentales graves, a través de procedimientos judiciales tanto civiles como penales.
Asimismo, el proyecto de ley proporcionaría $10 millones del fondo general del estado para ayudar a la tribu Apache Mescalero con las pérdidas por incendios forestales y la reconstrucción.
La medida también contiene una asignación de $70 millones del fondo general para los gobiernos locales mientras reemplazan y reparan la infraestructura destruida por los incendios forestales, incluida una conflagración que arrasó la aldea de Ruidoso en junio. Ese financiamiento está diseñado para acelerar proyectos ya aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El Estado espera recibir el reembolso.
Lujan Grisham convocó la sesión especial en un esfuerzo por abordar las tasas de criminalidad persistentemente altas. En repetidas ocasiones hizo referencia a una “puerta giratoria” dentro del sistema de justicia penal del estado que ha resultado en que individuos peligrosos y aquellos que necesitan servicios de salud mental permanezcan en las calles.
“Este debería ser un ambiente aterrador para cualquiera”, afirmó la gobernadora.
Los datos del FBI muestran fuertes caídas en todas las categorías de delitos violentos en EEUU en los primeros tres meses de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, continuando una tendencia a la baja desde el aumento de la pandemia de COVID-19.
Ese no es el caso en el área metropolitana de Albuquerque, hogar de aproximadamente un tercio de los residentes de Nuevo México, donde las tasas de delitos violentos se mantienen estables en aproximadamente tres veces el promedio nacional. Los casos penales que involucran a menores y armas de fuego aumentaron el año pasado, mientras las autoridades también luchaban contra los campamentos de personas sin hogar en las aceras y en los parques ribereños.
El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, dijo el miércoles que la ciudad despejó 1,000 campamentos solo en junio y gasta $1 millón al mes en vales de vivienda. No es suficiente, aseguró.
Varios estados, incluidos California y Tennessee, están adoptando un enfoque más contundente para los trastornos mentales no tratados y los problemas de adicción en medio de preocupaciones sobre la delincuencia y la falta de vivienda.
Lujan Grisham quería que los legisladores facilitaran el tratamiento involuntario de una persona. También quiere dar a los tribunales y a los fiscales más margen de maniobra para detener y evaluar a los acusados penales cuando esté en duda su competencia mental.
La Unión Americana por las Libertades Civiles y otros grupos de defensa advirtieron que las iniciativas de la gobernadora harían más fácil obligar a alguien a ingresar en un centro de salud mental cerrado con llave.
