ALBUQUERQUE - El Departamento de Justicia y la Ciudad de Albuquerque presentaron una moción en conjunto para poner fin a ciertas partes del decreto de consentimiento que rige el Departamento de Policía de Albuquerque (APD, por sus siglas en inglés), aprobado por el Departamento de Justicia federal.
Esta medida surge a raíz de un informe de un monitor independiente que afirma que APD cumplió plenamente con el 99% de los términos del decreto, lo que marca una mejora significativa, incluida una reducción del 37% en los incidentes graves de uso de la fuerza en cuatro años, informó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
“La reforma real no solo es posible, sino evidente en Albuquerque. Desde que este decreto de consentimiento entró en vigor, el Departamento de Policía de Albuquerque ha logrado un progreso significativo y sostenido en la implementación de prácticas policiales que respetan los derechos civiles y promueven la seguridad pública”, declaró Kristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Se informó que la moción conjunta busca terminar con 31 disposiciones relacionadas con las pistolas Taser, la intervención en crisis y la supervisión, lo que contribuye a un total de 183 disposiciones (67% del decreto) que han sido terminadas desde la implementación del decreto en 2015.
Los cambios que han reportado, revelan un progreso sustancial en la capacitación y las prácticas operativas dentro del APD, informó el DOJ.
“Nuestros oficiales merecen el crédito por llegar a este punto alto en el proceso de reforma. Creamos los estándares más altos para los oficiales y ellos son responsables de cumplir con esos estándares. Es por eso que hemos apoyado constantemente a nuestros oficiales con aumentos salariales y les hemos dado las herramientas para tener éxito”, expresó Harold Medina, jefe de APD.
