ALBUQUERQUE - El Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, la Unión Americana por las Libertades Civiles de Nuevo México y el Centro de Derechos Constitucionales presentaron el viernes una petición de hábeas corpus ante el tribunal federal de distrito de Nuevo México en nombre de cuatro inmigrantes venezolanos que enfrentan una “detención indefinida” bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento de Otero en Chaparral, Nuevo México.
“Mi experiencia [en Otero] ha sido muy mala. En este centro de detención me siento como un prisionero. No es justo que yo esté detenido aquí tanto tiempo. Me deberían dar la oportunidad de salir y demostrar que soy un hombre de familia, no un criminal como ellos [ICE] creen que soy”, declaró Leonel, uno de los peticionarios detenido en el Centro de Procesamiento del Condado Otero.
Una petición de hábeas corpus permite a las personas que han sido detenidas impugnar la legalidad de su confinamiento.
La petición de las organizaciones defensoras de derechos cuestiona la legalidad de la detención de los migrantes, citando violaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Quinta Enmienda debido a su confinamiento prolongado.
“Durante años, los abusos documentados en esta instalación no se han abordado. Hace tiempo que el condado de Otero debería haber rescindido su contrato con el ICE. Nadie debería soportar una detención tan indefinida e injusta, ni aquí en Nuevo México ni en ningún otro lugar del país”, argumentó Rebecca Sheff, abogada principal de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Nuevo México.
Se informó que los migrantes han estado detenidos entre 9 y 11 meses, a pesar de haber recibido una orden de expulsión de EEUU.
El gobierno venezolano detuvo los vuelos de repatriación en enero de 2024, lo que agravó la situación, ya que, al momento, aproximadamente 4,379 venezolanos permanecen bajo custodia de ICE.
Los peticionarios piden la liberación inmediata de los detenidos, destacando las condiciones inhumanas y los abusos en curso en el Centro de Detención en Otero, incluido el aislamiento y la atención inadecuada.
“Es hora de poner fin a la financiación de estas violaciones desenfrenadas de los derechos humanos y abolir el enjaulamiento de los migrantes”, manifestó Mikaila Hernández, abogada y becaria Bertha Justice en el Centro de Derechos Constitucionales.
