SANTA FE — Los legisladores de Nuevo México presentaron el martes un proyecto de ley que prohibiría a los gobiernos locales y agencias estatales contratar para detener a inmigrantes en casos civiles con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y centros de detención privados.
El proyecto de ley podría deshacer los acuerdos contractuales que ayudan a detener a los inmigrantes en tres centros de detención operados de forma privada en Nuevo México, a poca distancia de la frontera de Estados Unidos con México.
La propuesta fue patrocinada por los senadores estatales demócratas Jerry Ortiz y Pino y Moe Maestas, ambos de Albuquerque, con el respaldo de grupos de defensa que critican las políticas y prácticas estadounidenses en la detención de migrantes.
El proyecto de ley se asemeja a la legislación promulgada recientemente en Nueva Jersey, Virginia e Illinois destinada a poner fin a la detención en casos de inmigración civil en instalaciones locales.
Los defensores de la legislación propuesta incluyen el Centro de Leyes de Inmigrantes de Nuevo México, el Laboratorio de Leyes de Innovación y el New Mexico Dream Team.
En Nuevo México, empresas privadas operan el Centro de Detención del Condado de Torrance en Estancia, el Centro Correccional del Condado de Cibola en Milán y el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral bajo acuerdos de servicio con los gobiernos del condado y ICE.
El Centro de Detención del condado de Torrance, operado de forma privada por CoreCivic, fue el foco de un mordaz informe de inspección después de una visita no anunciada a principios de 2022 del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que encontró condiciones inseguras e insalubres y recomendó la reubicación de los migrantes detenidos.
Los hallazgos fueron disputados por CoreCivic e ICE. Una inspección de seguimiento realizada por el inspector general mostró el cumplimiento de 10 de sus 14 recomendaciones.
Los senadores estadounidenses Martin Heinrich y Ben Ray Luján instaron el año pasado al gobierno federal a rescindir su contrato en el condado de Torrance con CoreCivic.
